Las exministras Jeannette Jara y Camila Vallejo criticaron este martes la permanencia del titular de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, en el Gobierno tras la polémica por los beneficios penitenciarios concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, violadores de derechos humanos y una banda extorsionadora cuyos integrantes decían ser del Tren de Aragua.
A través de redes sociales, las exsecretarias de Estado reprocharon el respaldo del presidente José Antonio Kast a la figura de Rabat.
“¿De cuánta aberración más nos tenemos que enterar para que el presidente Kast deje de proteger a Rabat y se ponga del lado de las víctimas, y no de la impunidad para criminales?”, cuestionó la exvocera de Gobierno.
En esa línea, remarcó que en la administración vigente “no solo han liberado por decreto a violadores de menores de edad con riesgo de reincidencia, sino también a violadores de DD. HH. y a condenados aparentemente vinculados al Tren de Aragua sin solicitar la ejecución de sus expulsiones”.
“O son flojos y no quieren hacer la pega, o son realmente indolentes y mentirosos. Quizás son todo eso junto”, arremetió.
Por otra parte, la exministra del Trabajo criticó que “el subsecretario (Luis) Silva y el ministro Rabat firmaron los decretos que hoy dejan libres a pedófilos y violadores de niños, violadores de DD. HH. y delincuentes que dicen ser del Tren de Aragua”.
“Presidente José Antonio Kast, Silva y Rabat deben irse. Eso es responsabilidad con el país y con las víctimas”, zanjó.
Las declaraciones de las dos exministras del Gobierno de Gabriel Boric se dan luego de que Interferencia publicara un reportaje en el que reveló que el Ministerio de Justicia firmó tres decretos que habrían rebajado las penas a tres de los cuatro integrantes de una banda extorsiva que se identificó como parte del Tren de Aragua.
Según el medio antes citado, luego de que se ejecutaron los decretos, dos de los que recibieron beneficios penitenciarios quedaron en libertad.
La polémica se suma a la de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad y a la de los dos internos de Punta Peuco, lo que ha provocado que desde la oposición se evalúe una acusación constitucional contra Silva y Rabat.
